En el caso de estar cercana la fecha de contratación de los suministros: en todo caso, es recomendable por parte del cliente realizar la denuncia de los contratos de suministro, evitando la ejecución de prórroga de los contratos actuales con la compañía comercializadora de energía eléctrica con la que se encuentre. Esto es debido a que las condiciones actuales del mercado eléctrico son mucho más favorables que las que se tenían en el primer trimestre del pasado año 2019, cuando el precio medio era superior a 50 €/MWh y actualmente se sitúa en torno a 40 €/MWh (un 20 % menor). Es importante remarcar que ante esta situación la compañía comercializadora de energía eléctrica actual no procederá a denunciar los contratos ya que una prórroga siempre será favorable a sus intereses, por lo que es el cliente el que debe de comunicar de forma explícita a la compañía el rechazo a una posible prórroga.

 

         Negociar o acordar un plan de pagos o aplazamiento de las facturas que se vayan a emitir a lo largo de la situación actual de estado alarma con la compañía comercializadora de energía eléctrica  correspondiente, la cual debería mostrarse flexible ante sus clientes. Actualmente, se ha conseguido acordar con alguna comercializadora facilitar el pago de las facturas que se emitan en la situación actual en un plazo de tres meses (fraccionamiento en 3 partes). En este sentido, una medida que puede resultar beneficiosa para ambas partes (Cliente y Compañía) sería acordar la renovación de los contratos actuales (adecuando los precios a la situación actual del mercado), con la condición de facilitar al cliente un pago/aplazamiento de las facturas próximas a emitir.

 

        Posibilidad de poder modificar las potencias contratadas: Las compañías comercializadoras de energía eléctrica están ofreciendo a sus clientes la posibilidad de modificar las potencias en periodo P1 y P2 (P1 a P5 en caso de tarifas de seis periodos), pudiendo recuperar los valores de potencia sin la necesidad de esperar un año, siempre en la situación actual de estado de alarma. Dado que se desconoce la duración de esta situación, y que el cambio de potencias no es inmediato (la distribuidora dispone de 15 días para realizar el cambio), entendemos que se incurre en el riesgo de sufrir penalizaciones al recuperar la actividad normal, las cuales pueden ser superiores al ahorro obtenido con el cambio.